NUEVO ÉXITO DE POTIORLEX ANTE LA DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA INTERPUESTA A TUSSAM

EL DESPACHO POTIORLEX OBLIGA AL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA A REALIZAR UNA MOCIÓN DE URGENCIA CON EL APOYO DE TODA LA OPOSICIÓN, ANTE LAS INRREGULARIDADES COMETIDAS EN EL CONCURSO OPOSICIÓN DE TUSSAM.

Distintos medios se han hecho eco sobre la noticia:

La Vanguardia Andalucía

EuropaPress – Sevilla

Andalucía Información

ASC Sevilla – Espacio Informativo Sindical

Pleno Ordinario 27-11-2017 – Ayuntamiento de Sevilla

 

 

 

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS EN LA CONTRATACIÓN DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS SOBRE LA VIVIENDA

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS EN LA CONTRATACIÓN DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS SOBRE LA VIVIENDA

Dentro del ámbito de la protección y defensa de los consumidores y usuarios, y como desarrollo del Art 51 de La constitución Española, la Junta de Andalucía en ejercicio de las competencias que le son atribuidas por su Estatuto de Autonomía, ha dictado con fecha 9 de junio una ley denominada “Ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos sobre la vivienda”  con la que pretende reforzar las garantías de los usuarios de servicios bancarios en un tema tan sensible como es el desequilibrio en la  contratación de hipotecas.

La citada ley  pretende reforzar las garantías jurídicas de los contratantes de hipotecas, imponiendo la transparencia sobre el alcance efectivo de de los productos suscritos por éstos previendo y tratando de evitar las consecuencias irreparables de exclusión y marginalidad que los desahucios provocan, y así es señalado en su artículo 1, “El objeto de la presente ley es garantizar la protección de las personas consumidoras y usuarias, regulando la transparencia y el acceso a la información que se les debe facilitar en la suscripción de préstamos o créditos hipotecarios sobre una vivienda.”

La ley incluye como beneficiarios de la misma a los consumidores en los términos que señala la genérica “Ley de defensa de Consumidores y Usuarios de Andalucía” de 17 de diciembre de 2013, entendiendo éstos como destinatarios finales de los bienes y servicios, y excluyendo a las personas físicas o jurídicas que integren los mismos en su actividad económica.logo

Con buen criterio, otorga la ley una especial protección al que denomina garante, avalista, ya que entiende que si las consecuencias del incumplimiento de la obligación pueden derivarse a él directamente, lo lógico es que éste sea informado al mismo nivel de exigencia que el usuario directo del servicio financiero.

Impone la ley la obligación de la buena fe, la objetividad y la honestidad a las entidades prestamistas en su relación con los usuarios y les obliga a facilitar a éstos información correcta, completa, veraz y adaptada a sus circunstancias, en la que se contengan claramente las consecuencias que la celebración del contrato y su incumplimiento pudieran tener, para ello, los usuarios tienen derecho a recibir un IDEP, o índice de documentación de entrega preceptiva que la ley contiene en uno de sus anexos.

Así mismo limita la norma los términos de la publicidad para que no genere falsas expectativas, desglosando la información que deba tener en la que se incluirá entre otros los gastos, comisiones, tipos, tasa anual de equivalencia, plazos junto con información complementaria y las consecuencias de su incumplimiento. Esta información publicitada deberá ser, por exigencia de la ley, personalizada y sencilla en su comprensión y fácilmente comparable con ofertas de otras entidades prestamistas.

De interés es la regulación que la ley hace de la prohibición en la obligatoriedad de contratar por parte del usuario de servicios no accesorios que no sean solicitados por éste como seguros de vida, tarjetas de crédito o débito, planes de pensiones o domiciliación de recibos u en general de “cualquier producto o servicio que no guarde relación directa y necesaria con la contratación del  préstamo hipotecario”.

 En el caso en que estos servicios accesorios fueran ofertados como vinculados al principal, se deberá hacer constar en la oferta, los términos en que estos mejoran las condiciones del hipotecario principal así como sus costes y condicionado de forma clara, estableciendo en caso de seguros sobre la vivienda, la no obligatoriedad de suscribir con la entidad si se aporta de otra garantía equivalente.

Finalmente, la ley refuerza a los usuarios con  una garantía que ya existía, al  otorgar a los notarios  un papel de control y asesoramiento sobre los términos finales del contrato y su adecuación fiel a la oferta realizada al señalar “tienen derecho a que los notarios, en el ejercicio profesional de su función pública, les aconsejen, asesoren con imparcialidad, presten asistencia especial e informen de forma gratuita y comprensible en la suscripción de préstamos hipotecarios, en particular sobre aquellas cuestiones que puedan generarles perjuicios personales y económicos” y con la obligación a los fedatarios públicos de poner en conocimiento de los organismos competentes de consumo, las clausulas abusivas quepudieran detectar.

Por último se crea, con la denominación de Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios, la Sección de Arbitraje para Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios en el ámbito de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, como medio de resolución de conflictos entre los usuarios y los prestamistas que se afilien al sistema, obligándose la Junta a la publicidad de los derechos que la ley contiene estableciendo así mismo sistemas de formación para consumidores en Andalucía.

Saludamos desde este despacho la iniciativa, y le deseamos el éxito que su buena intención contiene.

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